Discapacidad y empleo en España: una perspectiva histórica sobre su evolución normativa a la luz del modelo social

David Gutiérrez Colominas

Resumen


La implementación del paradigma social de tratamiento de la discapacidad ha constituido un desafío internacional que ha exigido distintos cambios normativos. La exigencia de entornos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad se ha consolidado como una premisa del citado modelo, como consecuencia de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y de la Directiva 2000/78/CE. Y ante este escenario, este artículo aborda cómo se ha afrontado normativamente la implementación del modelo social, examinando a tal efecto el marco jurídico español. Así, partiendo del art. 49 de la Constitución Española, esta contribución examina las distintas normas que han abordado la integración de las personas con discapacidad en el empleo (Ley 13/1982, Ley 51/2003, Ley 26/2011 y RDL 1/2013), a fin y efecto de concretar si la implementación jurídica del modelo social de tratamiento de la discapacidad, reivindicada especialmente por el TJUE a través de sus pronunciamientos judiciales, ha sido asumida en el ordenamiento jurídico español.

 

The implementation of the social paradigm for the treatment of disability has been an international challenge that has required various regulatory changes. Adapted environments to the needs of people with disabilities has been consolidated as a premise of the aforementioned model, as a result of the Convention of Rights of Persons with Disabilities and Directive 2000/78/EC. In this scenario, this article discusses, from a regulatory approach, the implementation of the social model in Spain. Specifically, the aim of this contribution is to determine whether the legal implementation of the social model of treatment of disability, especially claimed by the CJEU through its judicial pronouncements, has been assumed in the Spanish legal system. Thus, art. 49 of the Spanish Constitution, Act No. 13/1982, Act No. 51/2003, Act No. 26/2011 and Royal Legislative Decree No. 1/2013 will be examined.


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