Resumen
La Administración Pública española presenta numerosas debilidades en la ordenación jurídica de sus empleados temporales. En la actualidad, las cifras oficiales afirman que el 30 por ciento de los empleados públicos mantienen un vínculo temporal y, entre ellos, un número considerable ha prestado servicios durante más de diez años en puestos de trabajo que, en realidad, son de naturaleza permanente o estructural. Situación que ha sido reprochada por los Tribunales españoles y de la Unión Europea. Con la finalidad de corregir, en parte, esta situación el legislador apuesta por corregir esta situación mediante, la ampliación del porcentaje de la tasa de reposición que, en algunos ámbitos, alcanza hasta el 100 por ciento de las vacantes en los sectores de las Administraciones Públicas que prestan servicios esenciales; por otro lado, autorizar un proceso “extraordinario” de estabilización de las plazas ocupadas por personal temporal y, por fin, el establecimiento de fuertes restricciones al uso del empleo temporal pro futuro que la hagan sostenible en el conjunto del sistema.
The Spanish public administration presents numerous weaknesses in the legal regulation of temporary employees. Currently, official figures say that 30 percent of public employees retain a temporary link and, among them, a considerable number has provided services for more than ten years in jobs which, in reality, are permanent or structural nature. A situation that has been charged by the Spanish courts and the European Union. In order to correct, in part, this situation the bet legislator to correct this situation through enlargement of the percentage of the rate of replenishment, in some areas, it reaches up to 100 percent of the vacancies in major sectors of the public administration; on the other hand, authorize an “extraordinary” process of stabilization of the seats occupied by temporary staff and, finally, the establishment of strong restrictions on the use of temporary employment future pro guaranteeing its sustainability.