Las competencias en la gestión del empleo y su repercusión en la colaboración público-privada

José Luis Lazaro Sánchez

Resumen


En el presente trabajo se analiza, a partir fundamentalmente de recientes resoluciones judiciales, la competencia de las administraciones, desde un punto de vista territorial, en la gestión del empleo. Este es un ámbito de especial conflictividad, debido a que se trata de una materia que ni tiene reflejo expreso en el ordenamiento a los efectos de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ni se ubica de manera nítida e íntegra en las materias que sí lo tienen. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional vuelve a analizar la materia, y en concreto determinadas disposiciones estatales que regulan un concreto programa de empleo, declarando inconstitucionales algunos de sus contenidos. Esta complejidad del modelo descentralizador sobre el que se asienta la gestión del empleo repercute en otro de sus rasgos caracterizadores, como es la colaboración público-privada entre los Servicios Públicos de Empleo y las Agencias de Colocación, aspecto sobre el que han recaído algunas resoluciones también recientes de la jurisdicción ordinaria.

In the present work, the competence of the administrations, from a territorial point of view, in the management of employment is analyzed, starting fundamentally from recent judicial resolutions. This is an area of special conflict, because it is a matter that does not have an express reflection of the order for the purposes of competence distribution between the State and the Autonomous Communities, nor is it located in a clear and integral manner in the matters that they got it. A recent sentence of the Constitutional Court returns to analyze the matter, and in particular certain state provisions that regulate a concrete employment program, declaring some of its contents unconstitutional. This complexity of the decentralization model on which employment management is based has repercussions on another of its characterizing features, such as public-private collaboration between the Public Employment Services and the Employment Agencies, an aspect on which some resolutions have also fallen recent of the ordinary jurisdiction.


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