Resumen
El SARS-CoV-2 ha provocado una pandemia mundial que, además del impacto sanitario, ha menoscabado sustancialmente la situación social y económica. La repercusión en España no ha sido en modo alguno menor, como demuestra el recurso del Gobierno a un mecanismo previsto en la Constitución ante situaciones de emergencia, el llamado estado de alarma, que confiere al Ejecutivo poderes extraordinarios dirigidos en este caso a evitar la propagación de la enfermedad. Las medidas adoptadas, aunque siempre con esa finalidad de protección de la salud pública, han afectado derechos fundamentales de las personas y han repercutido en la marcha de la economía, por la reducción – e incluso paralización – temporal de la actividad económica de carácter no esencial. Estas medidas implicaban, por tanto, la imposibilidad de continuar prestando servicios para muchos trabajadores, o cambios relevantes en las condiciones de trabajo, y por ello el Gobierno aprobó un paquete de medidas de urgencia en el ámbito de lo laboral y de la Seguridad Social, entre las que se incluían la promoción del teletrabajo, una mayor flexibilidad interna para facilitar modificaciones en materia de jornada y horarios, nuevos derechos de conciliación de la vida laboral y familiar y unos procedimientos más expeditivos en orden a que las empresas pudieran decidir reducciones de jornada y suspensiones de contratos a resultas de esta situación tan particular provocada por la enfermedad Covid-19. No cabe duda que los poderes empresariales se han visto potenciados, pues uno de los objetivos prioritarios de estos ajustes consistía en asegurar que la actividad económica pudiera reanudarse tras el estado de alarma en las mejores condiciones posibles. Ahora bien, se introdujeron asimismo contrapesos para proteger los intereses del trabajador, como la limitación temporal de despidos por causas empresariales o una mejora evidente de la protección por desempleo en el ámbito de la Seguridad Social. El presente estudio trata de proporcionar una panorámica general y sistemática sobre todas las medidas de carácter laboral y social adoptadas en España desde marzo de 2020 para combatir el impacto de la crisis sanitaria.
The SARS-CoV-2 pandemic has had a great impact in Spain. With the purpose of slowing down the spread of the disease and controlling the situation, the Government declared the state of alarm and imposed restrictions to people’s movement and social contact (including temporary confinement of the population at home). Most economic and working activities were temporarily paralysed, leaving apart those considered ‘essential services’. With the aim of reducing the economic and social impact of such extraordinary circumstances, protecting workers and allowing to resume working activities after the crisis, the Government approved a package of urgent legislation, including a large list of measures in the area of Labour Law and Social Security: among others, promoting telework, facilitating the adaptation of working time to family care needs, favouring the temporary layoffs or the reduction of working time due to force majeure or other grounds related to the Covid-19, while dismissals were limited, establishing an extraordinary paid leave for workers of undertakings forced to stop their activity and, finally, adapting and enhancing unemployment benefits and other forms of social protection. This paper provides a panoramic explanation on this legislation aiming to face the Covid-19 health, economic and employment crisis.