Abstract
El derecho laboral español reconoce formalmente a los trabajadores en situación administrativa irregular los mismos derechos laborales que a los trabajadores documentados. En la práctica, las trabajadoras migrantes irregulares empleadas a través de plataformas digitales de cuidados en España se enfrentan a barreras estructurales que les impiden ejercer esos derechos, incluso cuando los conocen y quieren reclamarlos. Este artículo identifica y conceptualiza la paradoja de la identificación como el mecanismo jurídico que produce esta brecha: la garantía formal de derechos a una persona cuya activación de dichos derechos exige su identificación ante instituciones cuya competencia abarca la aplicación de la legislación de extranjería. El artículo analiza la arquitectura jurídica española que genera la paradoja –con especial atención al art. 36.5 de la LO 4/2000, a los requisitos de identificación procesal y a la interacción institucional con la Inspección de Trabajo–, examina tres configuraciones empíricas basadas en treinta entrevistas narrativas originales y propone una reforma específica: la introducción de un cortafuegos laboral que desacople el ejercicio de los derechos laborales del control de la migración.
Spanish labour law formally grants workers in irregular administrative situations the same labour rights as documented workers. In practice, irregular migrant women employed through digital care platforms in Spain face structural barriers to exercising those rights, even when they know them and seek to claim them. This article identifies and conceptualises the identification paradox as the legal mechanism producing this gap: the formal guarantee of rights to a subject whose activation of those rights requires her identification before institutions whose competence includes immigration enforcement. The article analyses the Spanish legal architecture generating the paradox –focusing on Art. 36(5) of Organic Act No. 4/2000, procedural identification requirements and institutional interaction with the Labour Inspectorate–, examines three empirical configurations drawn from thirty original narrative interviews and proposes a specific reform: the introduction of a labour firewall decoupling labour rights enforcement from immigration control.