Abstract
Las relaciones laborales actuales se encuentran sustancialmente atomizadas y la externalización productiva es una práctica habitual en muchos sectores económicos, generando, en ocasiones, situaciones de evidente desigualdad social entre los trabajadores contratados por la empresa principal y los trabajadores contratados por la empresa contratista. En este contexto, el objetivo de la presente comunicación es analizar la regulación en materia de externalización productiva desde la perspectiva de la protección de los derechos de los trabajadores, a fin de determinar si la actual regulación – tanto comunitaria como la específica del ordenamiento jurídico español – ofrece unos adecuados estándares de protección social y analizar la viabilidad jurídica de introducir a nivel comunitario un principio de igualdad de trato en sede de subcontratación.