Abstract
Los Convenios sobre trabajo forzoso han sido altamente ratificados por los Estados miembros de la Comunidad Internacional. Así, más de 160 miembros han ratificado el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio n. 29 de 1930 y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso n. 105 de 1957. Por su parte, el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación n. 182 de 1999 ha sido ratificado por 150 Estados y 20 han ratificado el Protocolo de 2014 al Convenio de 1930 sobre trabajo forzoso. Desgraciadamente, la amplia ratificación de estos instrumentos no lleva pareja la implementación de políticas para terminar con esta lacra y no nos referimos, exclusivamente, a políticas de empleo y seguridad social si no también a políticas criminales, políticas de prevención y de protección de las víctimas. Consideramos que es necesario, para erradicar este fenómeno actualizar el concepto de trabajo forzoso a la luz de la jurisprudencia y constatar la manera de explicitarse en la práctica judicial.
The forced labor Conventions have been highly ratified by the member States of the International Community. Thus, more than 160 members have ratified the Convention on forced or compulsory labor No. 29 of 1930 and the Convention on the Abolition of Forced Labor No. 105 of 1957. For its part, the Convention on the Prohibition of the Worst Forms of Child Labor and immediate action for its elimination No. 182 of 1999 has been ratified by 150 States and 20 have ratified the 2014 Protocol to the 1930 Convention on forced labor. Unfortunately, the wide ratification of these instruments does not take into account the implementation of policies to end this scourge and we do not refer, exclusively, to employment and social security policies but also to criminal policies, policies of prevention and protection of victims. We consider it necessary, in order to eradicate this phenomenon, to update the concept of forced labor in the light of jurisprudence and to see how it can be made explicit in judicial practice.