Abstract
Aún hoy, en pleno Siglo XXI, los Estados más modernos y desarrollados albergan relaciones laborales donde se explotan a las personas más débiles, como es el caso de los trabajadores inmigrantes irregulares que actúan como cuidadores de personas mayores, insertados en una relación jurídico-laboral (no productiva) que la mayoría de las veces está instalada en la economía sumergida. El problema jurídico emerge cuando estos trabajadores son contagiados del SARS-CoV-2 durante la prestación de servicios, por no existir un modelo eficaz de prevención de riesgos laborales y depender en exclusiva de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Con la finalidad de resarcir los daños, los trabajadores inmigrantes tienen derecho a ejercitar una acción de responsabilidad civil con un régimen jurídico multidisciplinar que transita por el derecho del trabajo, el derecho procesal y el derecho internacional privado para terminar clamando por la extensión de las normas de prevención de riesgos laborales a este colectivo desfavorecido.
Even today, in the midst of the XXI Century, the most modern and developed States host labour relations where the weakest people are exploited, as is the case of irregular immigrant workers caring for the elderly, inserted into a legal-employment (non-productive) relationship that is most often installed in the submerged economy. The legal problem arises when these workers are infected by SARS-CoV-2 during the provision of services, because there is no effective model of prevention of occupational risks and rely exclusively on the autonomy of the will of the contractors. In order to compensate for damages, immigrant workers have the right to bring an action for civil liability with a multidisciplinary legal regime that transits through labour law, procedural law and private international law, to end up admitting the extension of the rules of prevention of occupational risks to this disadvantaged group.