Abstract
El RD-Ley 32/2021 ha introducido una modificación en el art. 42.6 ET con la aspiración de combatir la precariedad de las personas trabajadoras de las empresas contratistas, mediante su sujeción al convenio colectivo sectorial de la actividad que desarrollan en la principal. No obstante, la efectiva equiparación de condiciones que persigue la reforma plantea algunas objeciones y suscita no pocas dudas interpretativas. Este trabajo defiende que estas deficiencias son de tal entidad que el cambio normativo podría tener un efecto inocuo o muy inferior al esperado.
The Royal Decree-Law No. 32/2021 has introduced a modification in art. 42.6 of Workers’ Statute in order to combat the precariousness of subcontractor’s workers, by applying the sectoral collective agreement of the activity they carry out in an undertaking. However, the effective equalization of conditions pursued by the reform raises some objections and a few interpretative doubts. This work defends that these deficiencies are of such an entity that the regulatory change could have an innocuous effect or much less than expected.